UN NUEVO GOBIERNO EN WASHINGTON: ENTRE EL ACIERTO Y LAS PREOCUPANTES INCERTIDUMBRES

 

UN NUEVO GOBIERNO EN WASHINGTON: ENTRE EL ACIERTO Y LAS PREOCUPANTES INCERTIDUMBRES

Por: Lcdo. Sergio Ramos

Una nueva administración ha comenzado en los Estados Unidos. Donald Trump recién ha tomado posesión como presidente y de inmediato ha dictado múltiples órdenes ejecutivas para revertir disposiciones de la administración anterior y para iniciar la aplicación de las políticas públicas que intenta ejecutar durante su mandato, así como también, la designación de su gabinete, entre los cuales recién nominó al cubano-americano, el ex senador Marcos Rubio como Secretario de Estado.

De acuerdo a la posición conservadora del nuevo presidente, se espera adopte una política más fuerte y restrictiva en contra de las dictaduras castro-comunistas en la América Latina, como son las de Bolivia, Cuba, Nicaragua, y Venezuela.

De hecho, una de las medidas que muy acertadamente tomó, revirtiendo las dictadas por la administración anterior, fue la de volver a incluir a Cuba y su régimen dictatorial en la lista de países promotores del terrorismo y reactivar la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, más conocida como la Ley del Embargo contra Cuba. Unas apropiadas medidas toda vez que es sabido y probado que el régimen de Cuba ha promovido, promueve, entrena y apertrecha a las guerrillas y organizaciones terroristas de izquierda en todo el continente americano y otras partes del mundo.

Toda medida dirigida a frenar y sancionar a las dictaduras castro-comunistas del continente Latinoamericano son aportes importantes para procurar la libertad de los pueblos oprimidos por los regímenes procastristas. Aunque, claro está, la historia y la experiencia nos enseñan que las sanciones por sí solas no tumban las dictaduras totalitarias, solo las limitan y debilitan. Por lo que las sanciones deben ser tomadas como medidas accesorias en respaldo a las acciones directas encaminadas al derrocamiento de las dictaduras para lograr la libertad de los pueblos. Por lo que a esas tiranías (Específicamente las de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela) hay que erradicarlas por medio de la acción directa y frontal de los pueblos oprimidos, encaminadas a su total derrocamiento, con el apoyo efectivo y participativo de los gobiernos democráticos comprometidos con la lucha por la libertad y la democracia.

Las políticas y acciones que posteriormente sean desarrolladas por esta administración contra las dictaduras pro-castristas en Latinoamérica, se sabrán en el curso de los próximos cuatro años, luego está por verse.  

Pero hay también otros aspectos preocupantes para muchos ciudadanos de los países oprimidos por el castrismo que han arribado a los Estados Unidos en busca refugio y libertad.

Entre las medidas tomadas por la nueva incumbencia de la Casa Blanca están las que tienen que ver con la inmigración. A solo horas de asumir su mandato el presidente Donald Trump dictó varias órdenes ejecutivas para implementar la deportación inmediata y masiva de las personas que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos, empezando por priorizar las de aquellos que inmigrantes ilegales que han cometido delitos, continuando por las demás personas que han entrado o están ilegalmente a los Estados Unidos.

Lo preocupante de estas medidas migratorias es que la masificación acompañada de la actuación expedita facilita y propende a la comisión del error, la arbitrariedad y la injusticia.

Uno de los aspectos preocupantes es que estas medidas se implementen en contra ciudadanos de países dominados por regímenes dictatoriales, como lo son los de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, o por países inmersos en caos socio-político a causa del desgobierno y el control de país por mafias criminales como está ocurriendo hoy día en Haití.

Deportar a los cubanos, bolivianos, nicaragüenses y venezolanos que escaparon de la opresión huyendo de sus respectivos países en busca de libertad, constituiría una grave injusticia y violación al derecho humano de refugio y asilo que contempla el articulo 14 la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La deportación de dichos ciudadanos es devolver a seres humanos a la esclavizaste opresión. Un acto que se asemejaría a los otrora cazadores de esclavos en el Siglo XIX que capturaban a los esclavos fugitivos y los devolvían a sus amos para que fueran castigados y torturados a latigazos y sometidos nuevamente a la esclavitud. Por lo que tales deportaciones constituirían, en gran medida, una cooperación con la represión y con los aparatos de represivos y de seguridad de los estados dictatoriales de dichos países.

En el caso particular de Haití, deportarlos sería ponerlos de nuevo a dichos ciudadanos a merced de las mafias criminales.

Es por tal razón, que en el caso de los ciudadanos de Cuba, Bolivia, Haití, Nicaragua y Venezuela que entraron y se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos, y son personas limpias de delitos y de actos previos de represión, se les conceda a todos, un estatus migratorio estable de protección y refugio en este país, honrando así esencia de esta nación americana y su constitución, que es la garantía de libertad y respeto de los derechos humanos para todos.

San Juan, Puerto Rico a 25 de enero de 2025