UN NUEVO
GOBIERNO EN WASHINGTON: ENTRE EL ACIERTO Y LAS PREOCUPANTES INCERTIDUMBRES
Por: Lcdo. Sergio Ramos
Una nueva administración ha comenzado en los Estados
Unidos. Donald Trump recién ha tomado posesión como presidente y de inmediato
ha dictado múltiples órdenes ejecutivas para revertir disposiciones de la
administración anterior y para iniciar la aplicación de las políticas públicas
que intenta ejecutar durante su mandato, así como también, la designación de su
gabinete, entre los cuales recién nominó al cubano-americano, el ex senador
Marcos Rubio como Secretario de Estado.
De acuerdo a la posición conservadora del nuevo
presidente, se espera adopte una política más fuerte y restrictiva en contra de
las dictaduras castro-comunistas en la América Latina, como son las de Bolivia,
Cuba, Nicaragua, y Venezuela.
De hecho, una de las medidas que muy acertadamente tomó,
revirtiendo las dictadas por la administración anterior, fue la de volver a
incluir a Cuba y su régimen dictatorial en la lista de países promotores del
terrorismo y reactivar la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, más
conocida como la Ley del Embargo contra Cuba. Unas apropiadas medidas toda vez
que es sabido y probado que el régimen de Cuba ha promovido, promueve, entrena
y apertrecha a las guerrillas y organizaciones terroristas de izquierda en todo
el continente americano y otras partes del mundo.
Toda medida dirigida a frenar y sancionar a las dictaduras
castro-comunistas del continente Latinoamericano son aportes importantes para
procurar la libertad de los pueblos oprimidos por los regímenes procastristas.
Aunque, claro está, la historia y la experiencia nos enseñan que las sanciones
por sí solas no tumban las dictaduras totalitarias, solo las limitan y
debilitan. Por lo que las sanciones deben ser tomadas como medidas accesorias
en respaldo a las acciones directas encaminadas al derrocamiento de las
dictaduras para lograr la libertad de los pueblos. Por lo que a esas tiranías (Específicamente
las de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela) hay que erradicarlas por medio de
la acción directa y frontal de los pueblos oprimidos, encaminadas a su total
derrocamiento, con el apoyo efectivo y participativo de los gobiernos
democráticos comprometidos con la lucha por la libertad y la democracia.
Las políticas y acciones que posteriormente sean
desarrolladas por esta administración contra las dictaduras pro-castristas en Latinoamérica,
se sabrán en el curso de los próximos cuatro años, luego está por verse.
Pero hay también otros aspectos preocupantes para muchos
ciudadanos de los países oprimidos por el castrismo que han arribado a los
Estados Unidos en busca refugio y libertad.
Entre las medidas tomadas por la nueva incumbencia de la
Casa Blanca están las que tienen que ver con la inmigración. A solo horas de
asumir su mandato el presidente Donald Trump dictó varias órdenes ejecutivas
para implementar la deportación inmediata y masiva de las personas que han
entrado ilegalmente a los Estados Unidos, empezando por priorizar las de
aquellos que inmigrantes ilegales que han cometido delitos, continuando por las
demás personas que han entrado o están ilegalmente a los Estados Unidos.
Lo preocupante de estas medidas migratorias es que la
masificación acompañada de la actuación expedita facilita y propende a la
comisión del error, la arbitrariedad y la injusticia.
Uno de los aspectos preocupantes es que estas medidas se
implementen en contra ciudadanos de países dominados por regímenes
dictatoriales, como lo son los de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, o por países
inmersos en caos socio-político a causa del desgobierno y el control de país
por mafias criminales como está ocurriendo hoy día en Haití.
Deportar a los cubanos, bolivianos, nicaragüenses y
venezolanos que escaparon de la opresión huyendo de sus respectivos países en
busca de libertad, constituiría una grave injusticia y violación al derecho
humano de refugio y asilo que contempla el articulo 14 la Carta de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. La deportación de dichos ciudadanos es devolver
a seres humanos a la esclavizaste opresión. Un acto que se asemejaría a los
otrora cazadores de esclavos en el Siglo XIX que capturaban a los esclavos
fugitivos y los devolvían a sus amos para que fueran castigados y torturados a
latigazos y sometidos nuevamente a la esclavitud. Por lo que tales
deportaciones constituirían, en gran medida, una cooperación con la represión y
con los aparatos de represivos y de seguridad de los estados dictatoriales de dichos
países.
En el caso particular de Haití, deportarlos sería
ponerlos de nuevo a dichos ciudadanos a merced de las mafias criminales.
Es por tal razón, que en el caso de los ciudadanos de
Cuba, Bolivia, Haití, Nicaragua y Venezuela que entraron y se encuentran
ilegalmente en los Estados Unidos, y son personas limpias de delitos y de actos
previos de represión, se les conceda a todos, un estatus migratorio estable de protección
y refugio en este país, honrando así esencia de esta nación americana y su
constitución, que es la garantía de libertad y respeto de los derechos humanos
para todos.
San Juan, Puerto Rico a 25 de enero de 2025
