VIVIENDA DIGNA Y SEGURA ES UN DERECHO
Por:
Lcdo. Sergio Ramos
Duele
ver el triste espectáculo de familias cubanas durmiendo en portales por miedo
al desplome de ruinosas viviendas. Son muchas los miles de familias cubanas que
residen hacinados en inseguras edificaciones, con riesgo para sus vidas por
causa de derrumbes.
Según
estadísticas oficiales para 2018 se calcula que en país hay 9,823 cuarterías y
unas 84,452 viviendas en estado precario. Además, hay 854 edificios residenciales
en estado crítico, todo lo cual se estima que afecta unas 849,753 personas. A
ello cabe añadirse el déficit de un millón de
viviendas, lo cual afecta a 2.5 millones de habitantes en todo el país.
Este
no es solo este el único gran problema que día a día padece el pueblo cubano.
Añádase la falta de alimentos y medicinas, las condiciones insalubres de los
hospitales, la mala calidad del transporte público, entre otros muchos.
Se
trata de un mal endémico cuya raíz está en la ineficiencia intrínseca del impuesto
sistema económico, político y social que ha arruinado al país tras 60 años de
dictadura comunista, y el cual se caracteriza por el centralismo totalitario,
el clasismo y la privilegiación.
El
improductivo sistema económico genera los escases de los materiales necesarios
para la construcción de nuevas viviendas y la reparación y el mantenimiento
adecuado de las existentes. A su vez, el control del Estado en la distribución
y venta de aquellos limitados materiales que éste pone a disposición del
público, son vendidos a precios exorbitantes en divisas o moneda convertible
(CUC), inaccesibles para el salario de los ciudadanos, lo cual genera la
existencia de un mercado negro basado en la corrupción y el robo.
Esto
súmesele el problema generado por el enfoque clasista de privilegios en favor
de aquellas personas incondicionalmente comprometidas con la dictadura, a los
cuales el Estado les otorga viviendas, alimentación y servicios médicos en
detrimento de las personas más necesitadas y las cuales son otorgadas en mayor
calidad y cantidad en cuanto mayor sea la jerarquía dentro de las estructuras
políticas del Estado.
En
el fondo, el régimen cubano no puede, ni le interesa, resolver el serio
problema de la vivienda que sufre el pueblo, pues la pobreza es parte del
control social que el estado totalitario ejerce sobre el ciudadano.
Así
pues, el Estado cubano viola institucionalmente un derecho humano contenido en
el artículo 25, inciso 1, de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
que establece que: “Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial a la alimentación, el vestido, la vivienda…” (énfasis
nuestro)
En
otras palabras, todos los seres humanos tienen derecho a una vivienda digna y
segura. Un derecho que sistemáticamente el régimen le ha conculcado al pueblo
cubano durante décadas.
Bajo
las actuales condiciones, resulta imposible la solución del serio problema habitacional
que padece el pueblo cubano. Se trata de un problema sistémico. O sea, que es
causa de una economía centralizada, ineficiente e improductiva, dentro de una
sociedad dominada por una casta privilegiada, exclusivista y minoritaria que
ostenta el dominio absoluto de un estado dictatorial y totalitario.
Para
dar solución de este mal y a muchos otros que padece el pueblo cubano, se
requiere la sustitución de la economía centralizada o en cualquier forma
dirigida y controlada directa o indirectamente por el estado, por un sistema
económico que abra el país al libre empresarismo y mercado para todo el pueblo
sin distinciones. Esa libertad empresarial hará incentivar la productividad y
acrecentar la economía, al tiempo que incrementará el empleo y elevará el
salario de los trabajadores, por ende, el nivel de vida de la población; y
consecuencia, se incrementará la producción de los materiales de construcción y
provocará su abaratamiento en el libre mercado, garantizando su accesibilidad
al pueblo para la reparación de sus viviendas y la construcción y/o adquisición
de otras nuevas. Por otro lado, la libertad de empresarismo generará la
apertura del mercado financiero, lo que permitirá la adquisición de préstamos
para los inversionistas desarrolladores de viviendas y para los ciudadanos en
general que deseen adquirir una vivienda nueva, lo que hará accesibles la
adquisición de viviendas seguras y dignas con verdaderos y plenos títulos de
propiedad.
Luego
la solución del grave problema de la vivienda, y demás escases y penurias que
sufren los ciudadanos cubanos, empieza por el cambio total y profundo del sistema político, social y económico
imperante en el país. Un cambio enmarcado dentro de un sistema inclusivo y
participativo de todos los cubanos basado en el democrático pluralismo
político, la justicia social, y la libertad empresarial y de mercado.
San
Juan, Puerto Rico a 4 de julio de 2019.