¿CONSTITUCION O IMPOSICION?
Por: Lcdo. Sergio
Ramos
La dictadura
cubana ha convocado a su seudo-parlamento para hacer enmiendas a la llamada
Constitución Socialista de Cuba de 1976. La misma se hará bajo la dirección del
General Raúl Castro, mientras que el recién seleccionado presidente Miguel Díaz
Canel, fungirá de vice-presidente de dicha asamblea. Prueba fehaciente y clara
de quien sigue realmente mandando en Cuba.
En la realidad,
la constitución vigente en Cuba, así como las posteriores enmiendas que se le
realizaran en 1992 y 2002, no responde a una legítimamente refrendada por el
pueblo, debido a que todo el proceso de discusión y aprobación estuvo viciado
por la ausencia de participación de las todas las tendencias opositoras del
país y carente de la libre discusión de las ideas, planteamientos y propuestas.
Tampoco hubo representación en aquella constituyente de otras posiciones
políticas e ideológicas contrarias al oficialismo, sino que fue discutida y
aprobada en una asamblea cuyos integrantes todos, respondían al único partido
gobernante, el Partido Comunista de Cuba. Y para añadir más a su carácter
ilegitimo, el proceso de referéndum para su aprobación estuvo viciado por la
total falta transparencia, toda vez que el organismo electoral estaba
absolutamente controlado por el mismo ejecutivo gobernante que redactó.
Ante teles hechos,
constituye un eufemismo hablar de la existencia de una constitución en Cuba. En
realidad, es la imposición de un ordenamiento jurídico para establecer leyes conducentes
a la conculcación de los derechos humanos y las libertades fundamentales del
pueblo y garantizar la entronización de una casta gobernante a través de un
solo minoritario partido, que advino al poder por la fuerza y que, por virtud
de tal impositiva legislación, pasó ser un ilegítimo poder superior al estado
cubano.
Por tales
motivos, la mal llamada Constitución de Cuba y sus enmiendas posteriores, al
igual que la actualmente pretendida por el régimen, es ilegítima y nula ‘ab
initio’.
De hecho, la
impuesta constitución contiene una serie de artículos que por sí constituyen
violaciones institucionales de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.
Entre los que más se destacan son:
El artículo 5,
que otorga al Partido Comunista un rol supremo en la conducción de la vida
nacional por encima del estado y del gobierno. Este establece que: “Artículo 5.- El Partido
Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la
nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del
Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines
de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.”
(Énfasis nuestro).
Esta norma atenta contra la propia naturaleza de toda sociedad que es la
pluralidad; además, viola el derecho del pueblo a elegir libremente a quienes
serán sus gobernantes; e impide la representación de las otras tendencias
políticas del país en el gobierno, pues excluye a los demás partidos,
concediendo la exclusividad de gobernar al minoritario Partico Comunista,
invistiéndole con poderes superiores al poder del estado.
La otra disposición opresiva es el Artículo 62, el cual citamos: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser
ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la
existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo
cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”. (Énfasis nuestro).
Esta
disposición coercitiva es por sí sola, violatoria de los derechos humanos de
todos y cada uno de los ciudadanos cubanos, al prohibir y penalizar el
ejercicio de sus libertades y derechos civiles que la propia constitución
concede, cuando estos se ejercitan para exponer y procurar una posición
distinta y/o contraria a los lineamientos y fundamentos del régimen.
Por su parte el Artículo 3, al párrafo tercero, establece la
inamovilidad e irrevocabilidad del régimen totalitario impuesto en Cuba. Este
textualmente dice que: “El socialismo y el sistema político y social
revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica
resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los
gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo
demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente
nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo”.
(énfasis nuestro)
El contrasentido mayor de que adolece esta norma es fundarse en el falaz
supuesto de la inmovilidad de los procesos evolutivos de la sociedad y de la
historia, los cuales están en constante cambio. En segundo lugar, el objetivo
de la norma es violatoria del derecho humano de los ciudadanos, pues pretende
atar la voluntad del pueblo para favorecer el interés particular de la oligarquía
gobernante, con el fin de perpetuar en el poder a éstos y a sus sucesores. Y,
en tercer lugar, porque de su faz, la norma coarta el derecho del pueblo a
elegir el tipo y forma de gobierno y a cambiarlo cuando entienda pertinente, lo
que de por sí, viola el derecho del pueblo a su autodeterminación y soberanía.
Estos tres artículos citados, entre otras muchas otras disposiciones que
contiene la magna carta del régimen totalitario, son completamente inaceptables
en un ordenamiento jurídico que pretenda ser realmente una constitución que esté
basada en la salvaguarda de los derechos humanos y las libertades del pueblo,
así como también, en la forja de una sociedad inclusiva de todas las tendencias
políticas, sociales y económicas del país.
Por cuanto, esto nos lleva a concluir que bajo las actuales
disposiciones violatorias de los derechos humanos y libertades fundamentales
del pueblo cubano que contiene la magna norma impositiva del régimen, sumada a
la total carencia de verdadera representación y participación en libertad y
plenitud de derechos de las distintas vertientes del pensamiento del pueblo
cubano, como sociedad plural que es, y unida a la ausencia de mecanismos
imparciales y transparentes en los procesos electorales que garanticen su libre
refrendación por el voto libre y universal de todo el pueblo, tales pretendidas
enmiendas a la ilegitima constitución, serán realizadas más con finalidades
cosméticas y acomodaticias de la casta gobernante, que para abrir la sociedad
cubana a la libertad, la democracia y al respeto pleno de los derechos humanos,
por lo que constituirán otra inaceptable imposición de la dictadura.
En consecuencia, el pueblo cubano está entrampado en otro teatral capricho
de la dictadura, para llevarlo a una farsa de referéndum, que tiene como
propósito continuar bloqueando cualquier salida real hacia un futuro
verdaderamente libre y próspero para el pueblo. Porque al fin de cuentas, de
prevalecer los votos por ‘si’, tendría el efecto de avalar la dictadura y la entronización
de la casta en el poder; y, si por el contrario, prevalece el voto por el ‘no’,
implicaría dejar en pie en todos sus términos y condiciones, un ilegítimo embeleco
jurídico que ellos osadamente llaman constitución, el cual, además de
institucionalizar la opresión que sufren los ciudadanos y dejar en el poder a
la oligarquía comunista, contraviene los mejores intereses y aspiraciones de
libertad, paz, progreso y bienestar del pueblo cubano.
Cuba no
necesita enmiendas cosméticas, ni farsas electoreras, sino un cambio real y
profundo hacia un verdadero estado de derecho verdaderamente democrático,
inclusivo y justo.
Lo que
hace falta es exigir y procurar un cambio
radical del sistema, a través de la salida del poder de todos los actuales opresores,
para así poder convocar a una verdadera asamblea constituyente del pueblo
cubano, en donde estén verdaderamente representadas todas las tendencias del
pensamiento político, social y económico de la nación y cuyo producto
constitucional se someta a referéndum a través del voto de los cubanos todos,
dentro y fuera del país, de modo que sea una votación verdaderamente universal,
libre y transparente de todo el pueblo cubano. Solo así Cuba tendrá una verdadera
y legítima constitución. Lo demás es una inaceptable imposición.
San Juan,
Puerto Rico a 6 de junio de 2018
