DE LA LEGITIMIDAD A LA USURPACION
Por: Lcdo. Sergio Ramos
Hay una tendencia natural en los gobiernos autocráticos y los dictatoriales, de acomodar los preceptos e interpretaciones legales a las conveniencias del gobernante y sus seguidores en detrimento de quines no comparten sus criterios o se les oponen; trayendo como resultado el ejercicio ilícito del poder por medio de la manipulación de las leyes. Es ahí donde radica la génesis de la usurpación sistemática de poder por quines dirigen el estado.
Ese abuso del ejercicio del poder conduce a la ilicitud del gobierno de quienes un día advinieran al poder lícitamente. Sobretodo, cuando dicha manipulación de la ley se realiza para lograr el aumento desmedido de los poderes del gobernante o la conculcación de los inalienables derechos naturales y humanos de los ciudadanos o la permanencia ilícita en el poder de quienes rigen los destinos del estado.
La historia esta llena de ejemplos de este tipo rompimiento del estado de derecho conducente a la usurpación.
En la historia cubana observamos esa ilicitud en 1933 cuando el presidente constitucional Gerardo Machado manipuló la constitución para procurar una reelección que permitiera su continuidad en el poder, transformadose de presidente constitucional al dictador por usurpación.
Años mas tarde, cuando el general Fulgencio Batista dio un golpe de estado el 10 de marzo de 1952 rompiendo el orden constitucional, privando al ciudadano del derecho de elegir a sus gobernantes, alteró a conveniencia el ordenamiento jurídico decretando un justificante a través de la llamada “Ley Constitucional para la Republica de Cuba de 4 de abril de 1952”, también conocida como “Estatutos Constitucionales”. Con esto se trato de disfrazar de legalidad la asunción del poder por la vía usurpadora del golpe de estado
En 1959, al subir el dictador Fidel Castro al poder y producirse la peor de las dictaduras que haya sufrido Cuba, se altera nuevamente el orden constitucional y promulga por decreto, desde los mismos comienzos del régimen castrista, la “Ley Fundamental de la Republica de Cuba de 7 de febrero de 1959”, cuyo fin, al igual que hizo su antecesor, fue justificar una “legalización” de su usurpación del poder, en vez de proceder a una pronta convocatoria a elecciones bajo los términos de la legítima Constitución de 1940. Luego, en 1976, para reafirmar su poder totalitario, impone una Constitución Socialista, hecha a la medida y sin la debida participación de los otros factores sociales , políticos y económicos opuestos al régimen y careciendo de una adecuada refrendación imparcial y transparente por el pueblo cubano. Esta “Constitución” ha sido enmendada repetidas veces a lo largo de la larga vida del régimen para acomodarla a las conveniencias e intereses de la dictadura. Por lo que, lo que pudo haber sido legitimado por el voto bajo la Constitución del 40, se tornó en una usurpación ‘ab initio’ del poder.
En otros países del continente se registra un escenario similar, tanto en regimenes de derecha como de izquierda.
Así por ejemplo, el 13 Julio de 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla da un golpe de estado en el que días después se intentó justificar por la Asamblea Nacional Constituyente, que se auto-transforma ilícitamente en Senado para declararlo presidente de la República de Colombia, y con lo cual se consumó la usurpación del poder.
En 1972 el General Omar Torrijos alteró la constitución de Panamá en su artículo 277 para que en la misma se le reconociera como máximo líder del país. Con esta manipulación a conveniencia de la ley, abrió el camino a la usurpación del poder bajo supuestos visos de legalidad.
La creación, manipulación e interpretación acomodaticia de las leyes y la constitución a los intereses del gobernante, se ha extendido por la América Latina, sobretodo entre los países pertenecientes al eje Cuba-Venezuela, corrompiendo los fundamentos de la democracia, e instaurándose gobiernos autocráticos, que son la antesala de la dictadura.
Recientemente hemos visto en Venezuela el debate sobre la sustitución temporal o permanente del presidente de la República, en torno al artículo 231 de la Constitución de ese país. El oficialismo ha interpretado precepto sobre la toma de posición del nuevo periodo presidencial a su conveniencia, bajo el asesoramiento e injerencia indebida de un tercer país, Cuba. Con este amaño, los jerarcas del poder buscan lograr el continuismo del chavismo por encima del más alto precepto legal del país, escudándose en la interpretación acomodaticia del Tribunal Supremo, el cual esta parcializado y controlado por los intereses del oficialismo. Y simultáneamente, para acallar las voces disidentes que denuncian la usurpación, se ejerce la censura contra canal opositor Globo Visión, coartando el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Por otro lado, la Argentina transita hacia la usurpación por similar método. Lo observamos en el ataque a la libertad de prensa por medio de la promulgación, interpretación y manipulación acomodaticia de la Ley que limita el número de licencias que puede tener un medio de prensa, radio y televisión. El caso mas dramático ha sido el del periódico El Clarín, que es un fuerte crítico del gobierno. Lo mismo sucedió con la expropiación de la empresa petrolera española Rapsol.
En Ecuador hubo una clara ingerencia del ejecutivo en el veredicto de los tribunales de ese país, incluyendo el Tribunal Supremo ecuatoriano, al dictar una amañada sentencia contra el periódico opositor El Universo, lo que atenta seriamente contra la libertad de prensa, y abre el camino hacia una usurpación del poder por Correa.
En Bolivia también se atentó contra la libertad de prensa al promulgarse una ley a mediados del 2011 en donde el estado controlaría el 33 por ciento de las radiodifusoras dejando solo un 33 por ciento en manos privadas pues el resto lo asumirían organizaciones campesinas y comunitarias pro-gubernamentales.
Esta claro que silenciar las voces disidentes y opositores es el primer paso para instrumentar la usurpación del poder.
Las naciones civilizadas se deben a un ordenamiento jurídico enfocado en garantizar los
derechos civiles de sus ciudadanos y limitar los poderes del Estado y sus gobernantes para no permitir que se traspasen y mancillen esos derechos que han de concurrir con el derecho natural de los seres humanos. Cuando este ordenamiento es manipulado por los gobernantes para su beneficio se violenta, se corrompe el estado de derecho, alterando el concepto de su aplicación equitativa para todos los ciudadanos, quienes deben considerarse iguales ante la ley.
Del mismo modo, cuando la ley adolece de falta de claridad en su texto, entonces corresponde a una autoridad judicial autónoma, independiente e imparcial de todo otro poder o interés grupal o personal, interpretarla dentro del contexto del derecho y la justicia. Sin embargo, si dicha interpretación se produce por organismos judiciales que han perdido los requisitos indispensables de independencia e imparcialidad, entonces el resultado es el trastoque del derecho y la imposición de dictámenes injustos, conculcándose caprichosamente derechos de los ciudadanos.
Planteaba John Locke en el “Ensayo sobre el Gobierno Civil” que “Sea cualquiera la forma de gobierno por la que se rija la comunidad, el poder soberano debe gobernar por medio de leyes promulgadas o aceptadas y no por decretos improvisados o decisiones imprevisibles.” Y cuando tales provisiones antijurídicas son tomadas como recurso para hacerse de la permanencia en el poder, el gobernante se convierte en usurpador de ese poder que corresponde al pueblo. Así mismo Locke en dicha obra, señalaba que “la “usurpación es el ejercicio del poder al que otro tiene derecho” y la “tiranía es el ejercicio del poder fuera del derecho” o sea, del poder usurpado.
Esta claro que en los casos de Fidel Castro y de Hugo Chávez y sus respectivos sucesores, son usurpadores del poder y por tanto tiranos. Y en consecuencia, siendo la usurpación un estado de ilegitimidad, resultan nulos todos sus actos en el ejercicio ilícito del poder.
Y del mismo modo que la usurpación advenida a dictadura, priva de legitimidad al gobernante, por otro lado concede el derecho y obligación al pueblo, victima del quebrantamiento del estado de derecho, para reconquistar, por los medios que entienda adecuados, necesarios y prudentes, el legítimo poder que se le arrebatara.
